Extremadura destinará 23 millones de euros para pagar ayudas a la dependencia en 2023

La Junta de Extremadura destinará un total de 23 millones de euros para pagar ayudas a la dependencia en este año 2023, según ha informado la portavoz del Ejecutivo, Victoria Bazaga, tras la reunión del Consejo de Gobierno que ha tenido lugar este martes. Esos fondos se habilitarán mediante la suscripción de un convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y Servicios Sociales y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), de ámbito estatal, en el que cada una de las partes aportará la cantidad de 11,5 millones de euros. Bazaga ha explicado que este acuerdo servirá para asumir los gastos derivados del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (el SAAD) y tendrá como principales objetivos reducir las listas de espera; atender los incrementos de cuantías en las prestaciones; crear nuevas plazas residenciales para dependientes y servicios de teleasistencia avanzada; así como agilizar los trámites administrativos para el pago de las ayudas. "Como saben -ha subrayado- para nuestro Gobierno es una prioridad la mejora de la aplicación de la Ley de Dependencia en la región". Por otra parte, en el ámbito de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, el Consejo de Gobierno ha declarado como estratégico el plan formativo presentado por la empresa Golendus S.L. Esta compañía, con sede en Lobón, está especializada en la construcción e instalación de plantas industriales y soluciones de repostaje de hidrógeno, ha señalado la portavoz, y su objetivo, con la presentación de este plan, es ofrecer una formación técnica a sus trabajadores para asumir nuevos proyectos. Golendus tiene el propósito de ampliar sus instalaciones para transformar vehículos con motor de combustión - diésel y gasolina - en hidrógeno. También busca lograr el funcionamiento, con hidrógeno, de equipos industriales y agrícolas. El compromiso de esta empresa, ha indicado Bazaga, será de 27 inserciones en este año 2023, 86 en el año 2024, y otras 291 en el año 2025. Ha puesto como ejemplo el plan formativo de la empresa Atrio y ha reiterado que se trata de una formación estratégica que "luego consigue una inserción laboral inmediata". Otro de los asuntos destacados es la autorización para crear el Instituto Universitario de Investigación e Innovación en el Deporte (INIDE), que será un centro propio de la Universidad de Extremadura y estará formado por doctores y doctorandos de grupos de investigación de asuntos deportivos. Contará con 4 grandes áreas de especialización: actividad física y salud; entrenamiento deportivo; análisis comportamental de la actividad física y el deporte; y educación y deporte. La portavoz de la Junta de Extremadura ha asegurado que el INIDE se convertirá en un centro de referencia en esta materia a nivel nacional, similar -aunque no igual- a los que ya hay en Granada y Elche. En un principio, ha precisado, estará ubicado en la Facultad de Ciencias del Deporte, en Cáceres, pero se estudiará, en un futuro, el posible traslado al Parque Científico y Tecnológico de Extremadura "para que así pueda generar sinergias". CONSEJO DE CAPITALIDAD Bazaga se ha referido, además, al acuerdo del Ejecutivo por el que se designa a los integrantes del Consejo de Capitalidad de Mérida en representación de la Junta de Extremadura. El Consejo de Capitalidad es un órgano de coordinación entre el Ayuntamiento de la ciudad y el Ejecutivo regional para gestionar las competencias de Mérida como capital autonómica. También se ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y el Ministerio de Hacienda y Función Pública para la creación de la Secretaría Conjunta del programa de cooperación transfronteriza entre España y Portugal Interreg, también conocido como POPTEC. La iniciativa se enmarca en las políticas de cooperación territorial financiadas por la Unión Europea, que buscan fomentar y apoyar la colaboración entre regiones vecinas mediante proyectos en las zonas fronterizas. Bazaga ha recordado que en la zona fronteriza hispano-lusa "se han desarrollado cientos de proyectos en el marco de esta iniciativa europea", entre los que ha mencionado las redes de protección civil de vigilancia a ambos lados de la Raya para dar una respuesta rápida o minimizar el impacto de desastres naturales. Estas redes dan cobertura a la zona centro de Portugal, el Alentejo y Extremadura. Por otro lado, la consejera de Hacienda y Administración Pública ha comunicado al Consejo de Gobierno la presentación de un requerimiento para que se anule o revoque la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica de 2021. Victoria Bazaga ha justificado esta medida en la decisión del Ejecutivo central de bajar desde ese año (2021) dos impuestos: el IVA y el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Esto supuso que las comunidades autónomas dejaran de ingresar una parte importante correspondiente de esa recaudación, cuyo rendimiento se encuentra cedido en un 50% -en el caso del IVA- y en 100% -en el caso del impuesto sobre la electricidad-. Además, estas rebajas se han ido prorrogando, de manera que actualmente siguen vigentes. Por otro lado, al año siguiente, en 2022, el Gobierno decidió crear otros tres impuestos, que son: el gravamen temporal energético, el de entidades de crédito y el de solidaridad de las grandes fortunas. Sin embargo, en este caso, toda la recaudación se la quedó el Estado, sin repartir los ingresos obtenidos entre las comunidades. La Junta de Extremadura cifra en casi 20 millones de euros lo que la región ha dejado de ingresar en la liquidación del año 2021. Por tanto, ha explicado, lo que se pide es que el Ejecutivo central compense a las comunidades autónomas por el perjuicio económico ocasionado en la recaudación de dicho ejercicio. El último de los asuntos a los que ha hecho referencia Bazaga es la autorización para contratar el suministro de nuevas licencias de bases de datos comerciales, que son necesarias para el funcionamiento de la administración electrónica regional. El proyecto cuenta con un presupuesto de 12,3 millones de euros. Estas bases de datos son fundamentales -ha dicho- para que los usuarios puedan manejar las distintas plataformas de servicio público de la Junta de Extremadura, como por ejemplo las del ámbito educativo (Rayuela y Profex), el sistema de gestión de ayudas SGA de la PAC, el Portal del Empleado de la Junta o las plataformas que permiten el pago telemático. Ha destacado, además, que la contratación se ha tramitado con carácter urgente ante la inminente caducidad (el próximo mes de diciembre) del anterior contrato.