Los PGEx para 2023 aminoran los efectos de la inflación y consagran las políticas sociales que refuerzan los servicios públicos, la recuperación económica y las inversiones futuras

Los Presupuestos Generales de Extremadura para 2023 contemplan un montante de 7.776 millones de euros para aminorar los efectos de la inflación y consagrar las políticas sociales que refuerzan los servicios públicos, refuerzan la recuperación económica y la creación de empleo, promueven las inversiones futuras y aceleran la transformación del tejido productivo de la región. Así ha calificado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, a unas cuentas regionales que hoy inician su tramitación parlamentaria, tras su registro en la Asamblea de Extremadura, y que aumentan su montante global un once por ciento, lo que, en cifras redondas, se traduce en 774,6 millones de euros. Unas cuentas autonómicas, ha señalado la titular de Hacienda, que mantienen las señas de identidad de un Gobierno que prioriza el bienestar y la recuperación, que asumen el liderazgo transformador de lo público y que, en el contexto extraordinario de una legislatura marcada por la pandemia y por la guerra de Ucrania, refuerzan su compromiso de aspirar al máximo consenso social y político. Blanco-Morales ha destacado que, en un tiempo de incertidumbre, los presupuestos regionales proporcionan orientación y establecen prioridades. Orientación hacia la defensa del Estado del Bienestar, el refuerzo de la recuperación, la garantía de la calidad de los servicios públicos, el avance hacia un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo, la promoción de la coherencia y la responsabilidad fiscal y la reducción de la desigualdad. Los Presupuestos para 2023 destinan siete de cada diez euros a las políticas sociales, con un montante global de 4.798,1 millones de euros, un 9,2% más que en el actual ejercicio; mientras que las políticas económicas, dirigidas al refuerzo de la recuperación, crecen más de un 11% hasta alcanzar la cifra de 1.844,6 millones de euros. Unas cuentas regionales que se han elaborado desde la prudencia de las previsiones, que cuentan con el aval de la Airef, y que contemplan un crecimiento del 1,85% del PIB y del 0,85% del empleo en 2023, en consonancia con los síntomas sostenidos de recuperación del actual ejercicio y con la consciencia del contexto económico de incremento de los precios. AMINORAR LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN En ese contexto, la vicepresidenta primera ha resaltado que los presupuestos incorporan una serie de medidas de carácter social, económico y financiero para, de la forma más ágil y eficaz, aminorar la afectación de esta situación en la economía de los extremeños, con especial atención a aquellos que más sufren este contexto de subida de costes de los productos y servicios y sin poner en riesgo otras políticas en vigor. Unas medidas que se complementan con las adoptadas por el Gobierno de la nación y con el respaldo de la Unión Europea en la reactivación económica de los Estados miembros. En el ámbito social, las cuentas regionales contemplan, ha asegurado Blanco-Morales, un incremento del 35% la Renta Extremeña Garantizada, un 42,8% los mínimos vitales y un flamante plan de lucha contra la privación material. Del mismo modo, recogen el avance hacia la universalización de los comedores escolares, las aulas matinales y los libros de texto, así como el aumento de las rutas del transporte, un bono social térmico, un plan de empleo con alcance para casi 30.000 hogares y ayudas para afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Para acompañar al tejido productivo, la vicepresidenta ha explicado que se recogen acciones para mejorar la competitividad, la internacionalización, la modernización y la digitalización; para incidir en el ahorro y la eficiencia energética, se promueven ayudas al autoconsumo, a la movilidad eléctrica y a empresas e industrias y en edificios públicos y en gestión de personal. Las cuentas regionales implementan ayudas a la sequía y ponen en marcha el Observatorio de precios para ayudar a los agricultores; permiten la creación de un bono autonómico subvencionado en el sector del transporte, en líneas regulares con cobertura para toda la población, y la ampliación de los colectivos beneficiarios de la tarjeta SATSE. MEDIDAS FINANCIERAS En el ámbito financiero, se incorporan dos tipos de medidas, de un lado, las enfocadas a aliviar la subida de los tipos de interés, que prevén una deducción del 25% de los intereses de los préstamos para la adquisición de vivienda habitual de los jóvenes menores de 36 años; subsidios de hasta el 2% en los tipos de préstamos actuales y futuros para empresas y un incremento del 7% en las subvenciones para compensar dicho incremento de tipos. Por el otro lado, ha proseguido la vicepresidenta primera, otro conjunto de medidas en el plano fiscal, que consagran la mayor reducción de tasas y precios públicos acometida en la Comunidad autónoma, con un impacto económico de 20 millones de euros. Se contempla la bonificación del 75% del canon de saneamiento, que favorece a 430.000 familias; la rebaja del 100% en cuatro tasas (dirección y certificación de obras, carné joven europeo, copia de documentos ley memoria histórica y de certificados y compulsa de documentos) y reducciones en la ITV ¿ del 25% en vehículos ligeros y del 50% en vehículos pesados y agrícolas¬-, con 740.000 vehículos beneficiados. Asimismo, en otras once tasas se aplica una rebaja del 50%, como es el caso de los comedores escolares (13.500 usuarios), aulas matinales (6.000 usuarios), ordenación de los transportes por carretera, tarjeta de transporte subvencionado, licencias de caza (60.000) y de pesca (110.000), pruebas en laboratorio para matanzas, por servicios facultativos veterinarios, por aprovechamiento dominio público vías pecuarias, por la obtención certificado profesionalidad y por la expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales (no universitarios). Una bajada de tasas que se complementa, ha añadido Blanco-Morales, con otras medidas tributarias que se materializarán en 2023, en virtud de los cambios normativos aprobados en materia de vivienda en las zonas rurales para actuar frente al reto demográfico. Y en la ley de medidas, en fase de tramitación parlamentaria, como es el caso de las medidas para la financiación de la vivienda habitual de jóvenes, con más de 7.000 beneficiarios, y con bonificación del 99% en la transmisión de empresas, negocios profesionales o participaciones en entidades.