Elena Manzano defiende la urgencia del Decreto-ley de Medidas Fiscales por la necesidad de atajar desigualdades y hacer justicia tributaria

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha defendido este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura la convalidación del Decreto-ley 4/2023, de Medidas Fiscales que ha salido adelante gracias a la mayoría de votos de la Cámara regional. Manzano ha explicado que el carácter de urgencia es debido a la necesidad de atajar desigualdades y hacer justicia tributaria y ha indicado que, según establece el artículo 86 de la Constitución Española un Decreto ley se puede utilizar "en caso de extraordinaria y urgente necesidad" y esta es la situación en la que la consejera ha asegurado que se ha encontrado la región. "Ante esta situación el gobierno de la presidenta María Guardiola no mira para otro lado, escucha, actúa, afronta la situación y aprueba soluciones destinadas a mejorar la vida de todos los contribuyentes, de las familias, de los profesionales y de los autónomos. Y lo hace en tan solo 57 días de gobierno", ha aseverado. En este sentido la consejera de Hacienda y Administración Pública ha incidido en que este Decreto-ley garantiza el principio de igualdad y justicia tributaria, cree que el acogimiento es la mejor solución para criar a lo más preciado que tenemos y, entre otras cuestiones, responde ante las pérdidas que sufren los agricultores. Así, y desgranando las medidas contempladas en el Decreto-ley, Manzano ha criticado que Extremadura sea la Comunidad Autónoma con la presión fiscal más elevada mientras que las rentas son las más bajas del país. "Reducimos los tipos de los dos primeros tramos de la tarifa autonómica del IRPF al 8 y 10% lo que supondrá un ahorro por contribuyente con rentas inferiores a 20.200 euros de casi 300 euros", ha remarcado. Asimismo, la consejera de Hacienda ha indicado que el Gobierno regional también está preocupado por los precios del alquiler y, por ello, han elevado la deducción por alquiler de vivienda habitual pasando de un 5 o 10% en el caso de zonas rurales, a un 30% e incrementando los límites de 300 y 400 euros anuales, a 1.000 y 1.500. Se mejoran los límites de renta para llegar a más contribuyentes, hasta los 28.000 en tributación individual y 45.000 en conjunta. Y, por primera vez podrán beneficiarse de esta bonificación las familias monoparentales. En relación a la bonificación al 100% del Impuesto de Patrimonio Manzano ha señalado que el principal objetivo es "atraer inversión y fijar población" ya que el Gobierno de Fernández Vara se ha dedicado a "expulsar a la gente". Además, la consejera ha indicado que este impuesto por el que solo se recaudan 5,9 millones de euros supone el 0,076 % de los ingresos de la región. A lo anterior se suma una bajada al mínimo legal del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte, el llamado impuesto de matriculación, "para corregir un agravio comparativo con el resto de regiones e impulsar el sector automovilístico". "El impacto de estas medidas se cuantifica en 69.701.541,27 euros. Solo en IRPF estimamos recaudar en este ejercicio 202 millones más que en 2022 y en IVA 202 millones más. Tenemos margen de sobra para cumplir con nuestro deber constitucional de construir un sistema tributario justo", ha afirmado. MÁS MEDIDAS A estas medidas de carácter tributario se añaden otras dirigidas a favorecer a aquellos que generan empleo, riqueza y desarrollan la región como son los autónomos a los que se les va a pagar 960 euros que equivale al coste de la primera cuota de ingreso en RETA. "Porque el anterior Gobierno desde el 31 de marzo de 2022 hasta el 14 de febrero de 2023 no hubo convocatoria abierta de ayudas para nuevos autónomos", ha criticado. Con este Decreto-ley también se ayuda a las familias de acogida, que actualmente reciben 169,25 euros y, a partir de ahora, recibirán 360 euros al mes "con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023 mediante un pago único que se hará en el mes de diciembre". Asimismo, se incluyen medidas directas a los productores de cereza (con 1,4 millones de euros) y el incremento de la partida presupuestaria para el fomento de la contratación de los seguros agrarios. "Este Decreto-ley es la debida respuesta a la situación actual, de extraordinaria y urgente necesidad. Es la esperada respuesta de los que pagan con dificultad el elevado precio de la hipoteca, los alquileres y los suministros básicos, de los que afrontan con dificultad la subida de la cesta de la compra o de la vuelta al cole más alta de los últimos años", ha concluido.