Extremadura se convierte en la comunidad que más avanza en Competitividad Fiscal pasando de la 15ª a la 7ª posición en solo un año

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha asistido este lunes a la presentación de la octava edición anual del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), donde Extremadura se ha convertido en la comunidad autónoma que más ha avanzado en esta edición, pasando de la decimoquinta a la séptima posición en un solo un año. Esta presentación se ha llevado a cabo en el Senado, en el marco de la Jornada sobre 'Economía y Competitividad Fiscal', organizada por Fundación para el Avance de la Libertad y Tax Foundation, responsables de la elaboración del informe. A esta jornada han asistido cuatro consejeros de Economía/Hacienda de las comunidades autonómicas de Extremadura, Madrid, Andalucía y La Rioja, junto con el presidente de Tax Foundation, Daniel Bunn, y expertos internacionales en competitividad fiscal. En su intervención la consejera de Hacienda y Administración Pública ha manifestado que esta mejora tan notable en competitividad fiscal es fruto de las políticas del Gobierno de la presidenta María Guardiola que están logrando que Extremadura "deje de ser un auténtico infierno fiscal". "Tras 40 años de políticas socialistas centradas en una política fiscal de expulsión, con contribuyentes con rentas de 20.200 euros al año tributando a los tipos más altos de toda España, con el Impuesto de Patrimonio más elevado, llegó el Gobierno de María Guardiola y en 50 días aprobó un decreto ley con medidas fiscales con efecto retroactivo al 1 de enero de 2023", ha explicado. Porque, ha señalado Manzano, "somos una región con un millón de habitantes y 388 municipios que tienen derecho, porque así lo dice la Constitución, a recibir la sanidad y los demás servicios públicos en igualdad de condiciones a los demás territorios" y porque -ha añadido-, "Extremadura contaba con una política de expulsión de personas que nos ha llevado ya no a un reto demográfico sino a una emergencia demográfica". En este sentido, la consejera ha enumerado las medidas fiscales puestas en marcha en la región como la bajada de los dos primeros tramos del IRPF al 8 y al 10 por ciento para contribuyentes que ganan 20.200 euros al año, la eliminación del Impuesto de Patrimonio, la bajada del Impuesto de Matriculación, el incremento de la deducción por alquiler de vivienda habitual a un 30 por ciento y la bonificación de tasas y precios públicos. Medidas que se completaron en los Presupuestos de 2024 eliminando el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para grupos I y II de parentesco con herencias de hasta 500.000 euros. "Con todo ello hemos devuelto 70 millones de euros a las familias extremeñas, a los profesionales y a los autónomos que deciden quedarse en nuestra región", ha defendido. Y junto a ello, el Ejecutivo regional ha obtenido un aumento en la recaudación, "casi 9 millones de euros más en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y 400.000 euros en el impuesto de matriculación", ha aseverado. "Un claro ejemplo de que se pueden bajar los impuestos y tener mayor recaudación garantizando unos servicios públicos de calidad", ha afirmado. Manzano ha recordado otras dos medidas que entrarán en vigor en 2025 como la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para nuevos residentes en Extremadura de un 50 por ciento durante los 3 primeros años, que se ampliará hasta un 75 por ciento para los menores de 36 años y, en el de Impuesto de Sucesiones equiparar los beneficios fiscales de los grupos III y IV a los de los grupos I y II a través de un registro de especial vinculación. Finalmente, y preguntada sobre si cree que España es competitiva fiscalmente, la consejera ha señalado que no "y los extremeños lo sufrimos, tenemos al lado Portugal con un régimen fiscal especial mucho más ventajoso y que hace que los contribuyentes se deslocalicen", ha criticado. "El Gobierno debe actuar en medidas tributarias que son esenciales. El sistema de financiación local es del año 2004 y el sistema de financiación autonómica es de 2009. No se modifican las normas. Actúen que para eso han sido elegidos", ha concluido.